Los accidentes de tránsito en la República Dominicana constituyen una de las principales causas de muerte y lesiones en el país, con graves consecuencia para la sociedad dominicana por el alto costo para el Estado y las familias.
Cada año, miles de vidas se pierden en las carreteras, y miles quedan marcadas por secuelas físicas y psicológicas debido a los choques de vehículos, en su mayoría motocicletas. Solo en el 2024 se registraron 3,114 muertes en accidentes de tránsito, el 38% de ellas correspondió a jóvenes de entre 15 y 29 años.
Este fenómeno no es solo un problema de salud pública, sino también un reflejo de una crisis social y cultural profunda que involucra la educación vial, la infraestructura y la aplicación de las leyes de tránsito. Las autoridades, encabezadas por el Instituto Nacional e Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), deben presentar un plan real que nos conduzcan a cambiar esta situación.
Según datos oficiales, nuestro país tiene una de las tasas más altas de mortalidad por accidentes de tránsito en América Latina y el Caribe. El comportamiento imprudente al volante, el exceso de velocidad, la falta de señales adecuadas en las vías y el poco respeto por las leyes son factores que contribuyen a esta alarmante cifra.
Las estadísticas no mienten: una gran parte de estos accidentes involucra a motociclistas que circulan en condiciones muchas veces precarias y sin las medidas de seguridad apropiadas. Es un problema que sigue empeorando y no visualizamos acciones oficiales que conduzcan a una solución del problema.
Si bien la República Dominicana ha realizado esfuerzos para mejorar la infraestructura vial y modernizar el parque vehicular, la falta de una educación vial efectiva y la escasa aplicación de las normas son obstáculos que siguen empeorando la situación. Hace falta educación, campañas de concienciación permanentes, aplicación de las normas y un régimen de consecuencias.
Las estadísticas son claras y nos muestran la gravedad del problema. Estamos frente a un reto, se requiere de una respuesta coordinada entre el gobierno y la sociedad enfocada en la educación vial, el fortalecimiento y aplicación de las leyes, inversión en infraestructura, revisión vehicular y un régimen de consecuencias real. Debemos frenar este problema que provoca miles de muertes, luto y empobrece.
