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Gobierno de Turquía intensifica represión contra la oposición y medios de comunicación

Ataques a la prensa y restricciones a la información avivan las protestas

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Ankara, Turquía. En medio de las multitudinarias protestas que sacuden el país, el gobierno de Turquía ha intensificado su ofensiva contra los medios de comunicación de la oposición, en un intento por frenar las movilizaciones originadas tras la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Las medidas represivas incluyen la detención de una decena de periodistas turcos, entre ellos un fotógrafo de la agencia francesa AFP, quienes fueron arrestados mientras cubrían las manifestaciones sin precedentes que han tomado las calles de Turquía desde 2013.

A pesar de la prohibición de concentraciones, miles de ciudadanos han salido diariamente a protestar, enfrentándose en diversas ocasiones con la policía antidisturbios. En este contexto, el organismo turco de control de radiodifusión (RTUK) ordenó la suspensión por 10 días del canal de televisión opositor Sozcu, alegando incitación al "odio y la hostilidad", además de sancionar a otras tres cadenas informativas.

Periodistas detenidos y censura internacional

Durante la jornada del jueves, diez periodistas detenidos a principios de semana fueron liberados en Estambul y Esmirna, aunque las acusaciones en su contra no fueron retiradas. Entre los liberados se encuentra el fotógrafo de AFP Yasin Akgül, quien permaneció encarcelado en Estambul.

Asimismo, las autoridades turcas expulsaron al periodista británico de la cadena BBC, Mark Lowen, quien fue detenido durante 17 horas bajo la acusación de ser "una amenaza para el orden público". La directora general de BBC News, Deborah Turness, calificó la deportación de "extremadamente preocupante" y anunció que la cadena presentará una queja formal ante el gobierno turco.

El gobierno de Erdogan justificó la expulsión de Lowen bajo el argumento de que el periodista realizó reportajes en Estambul sin la debida acreditación, calificando la medida como una "acción administrativa".

Mientras la tensión sigue en aumento, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han expresado su preocupación por la escalada represiva en Turquía, advirtiendo sobre el deterioro de la libertad de prensa y la democracia en el país.

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